La propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas: implicaciones legales para trabajadores y empresarios
Hace poco, el Gobierno español dio un paso significativo hacia una reforma laboral que puede cambiar la forma en que muchos trabajamos: ha aprobado en Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para reducir la jornada máxima ordinaria legal de 40 a 37,5 horas semanales (en cómputo anual), reforzar el registro de jornada y garantizar el derecho a la desconexión digital.
Aunque este texto todavía no es ley —aún debe tramitarse por el Parlamento—, tanto trabajadores como empresas deberían empezar a prepararse ante las posibles implicaciones. En Ramírez-M-Abogados analizamos qué implica este cambio, qué riesgos y oportunidades conlleva, y cómo actuar para estar listos.
Marco legal propuesto
El anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros, establece una jornada máxima ordinaria de 37,5 horas semanales, en promedio en cómputo anual, sin recorte salarial.
La norma modificará el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la duración máxima de la jornada laboral, para adaptarse a este nuevo límite.
Se introduce una obligación más exigente para el registro de la jornada: ha de ser digital (“objetivo, fiable, accesible e interoperable”), y los datos deben estar disponibles para la Inspección de Trabajo.
Se consagra un derecho irrenunciable a la desconexión digital: el anteproyecto reconoce que ningún trabajador podrá ser obligado a responder comunicaciones digitales fuera de su horario pactado.
También se revisan las sanciones: el incumplimiento del registro horario podría tener multas “por cada trabajador”, lo que aumenta la responsabilidad para las empresas.
El periodo de adaptación para los convenios colectivos se ha fijado: según el proyecto, las empresas tienen hasta el 31 de diciembre de 2025 para adecuarse a la nueva jornada máxima.
Además, los registros deben conservarse durante cuatro años, y estarán accesibles tanto para los trabajadores y sus representantes como para la Inspección.
Implicaciones para los trabajadores
Beneficios potenciales:
Más tiempo libre y conciliación: La reducción de la jornada puede favorecer un mejor equilibrio entre vida laboral y personal, especialmente para quienes tienen responsabilidades familiares.
Derecho reforzado a descansar: Con la desconexión digital establecida como un derecho, los empleados podrán negarse a responder correos o llamadas fuera de horario sin temor a represalias.
Protección legal: El registro digital obliga a que las horas trabajadas queden registradas de forma objetiva, lo que puede evitar abusos y registrar con precisión horas extras y su compensación.
Riesgos o aspectos a tener en cuenta:
Tramitación legal aún incierta: Al tratarse de un anteproyecto, podría haber cambios durante su paso por el Parlamento (enmiendas, modificaciones).
Confusión en el cálculo: Al hablarse de “cómputo anual”, algunas semanas pueden superar las 37,5 h mientras otras sean más cortas, lo que podría generar dudas entre empleados sobre su jornada real.
Implementación de la desconexión: Para que se respete el derecho, será fundamental que exista un protocolo (política de empresa) claro con el que los trabajadores y la dirección estén alineados.
Garantías de cumplimiento: Si la empresa no respeta el registro o la desconexión, las sanciones pueden individualizarse, lo que da más poder a los trabajadores para reclamar.
Implicaciones para las empresas
Retos legales y operativos:
Inversión tecnológica: Las empresas deberán implantar sistemas digitales de registro de jornada que cumplan los requisitos de trazabilidad, interoperabilidad y autenticidad.
Formación interna: Será necesario capacitar tanto a mandos intermedios como a empleados sobre el uso del nuevo registro y las obligaciones legales.
Políticas de desconexión: Será clave definir y negociar protocolos claros sobre la desconexión digital, con reglas para comunicaciones fuera de horario y posibles excepciones justificadas (urgencias, causas concretas).
Negociación colectiva: Si en la empresa existe representación sindical o un comité de empresa, debe iniciarse un diálogo para adaptar el convenio a la nueva jornada antes del final de 2025.
Riesgo sancionador: Al aumentar la precisión del registro y el número de sanciones posibles (multas por cada trabajador), el no cumplimiento con los nuevos requisitos puede tener un coste elevado.
Gestión del cambio: La reducción de horas puede afectar a la organización del trabajo, la productividad y la planificación de turnos, especialmente para pymes.
Oportunidades estratégicas:
Atractivo como empleador: Una empresa que adopte estas medidas puede mejorar su marca empleadora, atraer talento y retener empleados gracias a un entorno más conciliador.
Mejora de bienestar: Promover la desconexión y un registro transparente puede reducir el burnout, mejorar la satisfacción y la motivación del equipo.
Ventaja competitiva: Adaptarse con antelación puede posicionar a la empresa como innovadora, proactiva y socialmente responsable.
Recomendaciones legales desde Ramírez-M-Abogados
Para estar preparados ante la posible aprobación de esta reforma, recomendamos a trabajadores y empresas:
Evaluar el impacto actual
Para trabajadores: calcular si su jornada real se verá afectada y prever cómo negociar con la empresa cláusulas específicas si es necesario.
Para empresas: hacer un diagnóstico interno de las horas trabajadas, sistemas de control actuales y coste estimado para implementar un registro digital.
Negociar con anticipación
Iniciar conversaciones con representantes sindicales para adaptar convenios.
Definir protocolos de desconexión digital acordados y razonables.
Diseñar e implantar sistemas de control de tiempo
Seleccionar una solución tecnológica que cumpla con los requisitos legales (fiabilidad, accesibilidad, interoperabilidad).
Garantizar trazabilidad y transparencia: los registros deben poder ser accesibles para trabajadores, comités y la Inspección.
Formar y sensibilizar
Capacitar a empleados y directivos sobre el significado del nuevo registro, el uso de la herramienta y el derecho a la desconexión.
Establecer una política interna clara que explique cómo se gestionarán las comunicaciones fuera de hora y cuáles serán las excepciones.
Asesoramiento jurídico experto
Contar con un despacho laboralista para seguir la tramitación del proyecto de ley y anticipar cambios.
Preparar contratos, cláusulas o adendas si fuera necesario, para adaptarse a la futura normativa.
La propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, junto con un registro digital más exigente y un derecho reforzado a la desconexión, representa una reforma con gran impacto potencial para trabajadores y empresas. No obstante, al tratarse aún de un anteproyecto, su contenido puede modificarse durante la tramitación parlamentaria.
En Ramírez-M-Abogados estamos listos para ayudar, tanto a personas como a compañías, a prepararse ante este cambio: analizando riesgos, negociando convenios, diseñando sistemas de cumplimiento y asesorando sobre las mejores estrategias para adaptarse de forma legal y eficiente.
Si quieres profundizar o pedir una consulta, no dudes en contactarnos.