Inteligencia artificial y responsabilidad legal: análisis jurídico de los daños causados por sistemas automatizados
La progresiva incorporación de sistemas de inteligencia artificial en la actividad económica, administrativa y profesional está transformando la forma en que se adoptan decisiones con relevancia jurídica.
Algoritmos capaces de clasificar personas, evaluar riesgos, recomendar actuaciones o automatizar procesos complejos ya intervienen de manera directa en ámbitos sensibles como el empleo, el crédito, la sanidad, la contratación o la prestación de servicios públicos.
Este contexto plantea una cuestión jurídica central: cómo se articula la responsabilidad legal cuando una decisión basada en inteligencia artificial genera un daño.
Lejos de encontrarnos ante un vacío normativo, el Derecho ya ofrece herramientas suficientes para afrontar estos supuestos, aunque su aplicación exige una interpretación rigurosa de los principios tradicionales a la luz de esta nueva realidad tecnológica.
La inexistencia de personalidad jurídica de la inteligencia artificial
Desde la perspectiva del ordenamiento jurídico español y europeo, la inteligencia artificial carece de personalidad jurídica. No puede ser considerada sujeto de derechos ni obligaciones, ni responder por los daños que eventualmente cause, no es más que un conjunto de sistemas técnicos diseñados, entrenados y utilizados por personas físicas o jurídicas.
Esta afirmación resulta esencial, ya que impide desplazar la responsabilidad hacia la tecnología como si se tratara de un ente autónomo. Siempre debe existir un responsable humano, ya sea el desarrollador del sistema, la empresa que lo integra en su actividad o el profesional que lo utiliza como herramienta de apoyo a la toma de decisiones.
En consecuencia, la automatización no elimina la imputación jurídica, sino que obliga a analizar con mayor precisión la cadena de responsabilidades.
La responsabilidad civil por daños causados mediante IA
En el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, el punto de partida continúa siendo el artículo 1902 del Código Civil, que impone la obligación de reparar el daño causado por acción u omisión cuando exista culpa o negligencia. Cuando interviene un sistema de inteligencia artificial, la dificultad radica en identificar en qué fase del proceso se ha producido la conducta negligente.
En muchos supuestos, la responsabilidad recaerá en quien utiliza la IA como parte de su actividad. El hecho de apoyarse en un sistema automatizado no exime del deber de diligencia exigible a cualquier profesional o empresa. La ausencia de controles adecuados, la falta de supervisión humana o el uso de herramientas inadecuadas para determinadas decisiones pueden constituir comportamientos jurídicamente reprochables.
No debe olvidarse que, conforme a la doctrina jurisprudencial consolidada, quien introduce un riesgo en la esfera jurídica de terceros debe responder de las consecuencias dañosas que se deriven de dicho riesgo. El uso de sistemas complejos de IA puede incrementar ese riesgo, lo que refuerza la exigencia de diligencia.
Responsabilidad del fabricante y normativa sobre productos defectuosos
Junto a la responsabilidad del usuario, cobra especial relevancia la posible responsabilidad del desarrollador o fabricante del sistema de inteligencia artificial. En este ámbito resulta de aplicación el régimen de responsabilidad por productos defectuosos, regulado en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Un sistema de IA puede considerarse defectuoso cuando no ofrece la seguridad que legítimamente cabe esperar, atendiendo a su presentación, uso razonablemente previsible y momento de su puesta en circulación. Errores de diseño, fallos en el entrenamiento del algoritmo o insuficiencia de advertencias sobre sus limitaciones pueden dar lugar a responsabilidad objetiva del productor, con independencia de la existencia de culpa.
Este régimen adquiere especial importancia cuando los daños afectan a consumidores o usuarios finales, y refuerza la necesidad de que los proveedores de IA actúen con elevados estándares de transparencia y calidad técnica.
Decisiones automatizadas, derechos fundamentales y protección de datos
Uno de los ámbitos más sensibles desde el punto de vista jurídico es el de las decisiones automatizadas que afectan directamente a las personas. El Reglamento General de Protección de Datos dedica su artículo 22 a esta cuestión, reconociendo el derecho de los interesados a no ser objeto de decisiones basadas exclusivamente en tratamientos automatizados cuando produzcan efectos jurídicos o les afecten significativamente de modo similar.
Este precepto no prohíbe de forma absoluta el uso de IA, pero sí impone límites claros. Las decisiones automatizadas deben ir acompañadas de garantías adecuadas, entre ellas la intervención humana, la posibilidad de obtener una explicación comprensible y el derecho a impugnar la decisión.
La utilización de sistemas opacos o inexplicables entra en conflicto con los principios de licitud, transparencia y responsabilidad proactiva recogidos en el RGPD, lo que puede dar lugar no solo a sanciones administrativas, sino también a reclamaciones por daños y perjuicios.
El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y el refuerzo del principio de responsabilidad
El reciente Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) supone un paso decisivo en la configuración de un marco jurídico específico para estos sistemas. La norma no reconoce personalidad jurídica a la IA, sino que refuerza expresamente la responsabilidad de los operadores humanos, estableciendo obligaciones diferenciadas en función del nivel de riesgo del sistema.
Para los sistemas considerados de alto riesgo, el Reglamento impone exigencias estrictas en materia de gestión de riesgos, gobernanza de datos, documentación técnica, trazabilidad y supervisión humana. Estas obligaciones buscan precisamente evitar que la automatización se convierta en un mecanismo de elusión de responsabilidades.
El incumplimiento de estas exigencias puede conllevar sanciones económicas de gran entidad, lo que demuestra que el legislador europeo concibe la responsabilidad como un elemento central del uso legítimo de la inteligencia artificial.
La prueba en los procesos judiciales con intervención de IA
Desde el punto de vista procesal, la intervención de sistemas de inteligencia artificial plantea importantes retos probatorios. Quien pretende fundamentar una decisión o actuación en el resultado de un algoritmo debe ser capaz de acreditar su fiabilidad, su correcta configuración y su adecuación al caso concreto.
Los tribunales muestran una creciente cautela ante pruebas basadas exclusivamente en sistemas automatizados, especialmente cuando no es posible reconstruir el razonamiento seguido por el algoritmo. La falta de explicabilidad puede afectar directamente al derecho de defensa y al principio de contradicción, pilares esenciales del proceso judicial.
Conclusión
La inteligencia artificial no altera los fundamentos del Derecho de la responsabilidad, pero sí exige una aplicación más exigente de los principios de diligencia, control y prevención del daño. Frente a la tentación de atribuir los errores a la tecnología, el ordenamiento jurídico insiste en que siempre debe existir un responsable humano identificable.
En un entorno normativo cada vez más detallado y exigente, el asesoramiento jurídico especializado resulta imprescindible para garantizar un uso responsable de la inteligencia artificial, prevenir riesgos legales y proteger adecuadamente los derechos de las personas afectadas.
Desde este blog continuaremos analizando las principales implicaciones jurídicas de la inteligencia artificial. En próximos artículos ampliaremos aspectos concretos como las decisiones automatizadas en el ámbito laboral, la responsabilidad contractual o el impacto del Reglamento Europeo de IA en las empresas, con el objetivo de ofrecer una visión clara y práctica de una materia cada vez más relevante, si tienes alguna consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.